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El poder judicial está compuesto por la Corte Suprema de Justicia (SCJ), el Tribunal Fiscal (TTF) y el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). Los tres tienen jurisdicción en todo el Ecuador. La SCJ es responsable de revisar todas las leyes y decretos, interpretar la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y resolver las controversias constitucionales. El TTF se encarga de reconocer y resolver las controversias relativas a las obligaciones tributarias, y el TCA se encarga de resolver las controversias que surjan en la administración pública.

Los funcionarios judiciales y las organizaciones no gubernamentales han informado de una serie de problemas que afectan a la administración imparcial e independiente de la justicia, entre ellos las demoras generalizadas en los tribunales; la corrupción en el sistema, en particular en los nombramientos judiciales; y las barreras de acceso a la protección judicial debido a la insuficiente distribución de los tribunales en los sectores rurales. Por ejemplo, la Comisión recibió informes de que en algunas regiones el tribunal más cercano de cualquier tipo se encuentra a nueve horas en coche.

El acceso a los recursos judiciales es limitado para muchas personas debido a la falta de disponibilidad de defensores públicos. Actualmente, solo hay alrededor de dos docenas de defensores públicos disponibles en todo el país para representar a las personas que no pueden pagar un abogado privado. Además, muchas personas que han sido condenadas por cargos penales no reciben la supervisión y los servicios de apoyo adecuados después de la liberación.

Asimismo, la Comisión ha sido informada de que jueces y fiscales han sido objeto de presiones por parte de asesores del gobierno para que se pronuncien a favor de la agenda política del Presidente. En respuesta a estas preocupaciones, el gobierno ha tomado varias medidas para mejorar la rendición de cuentas judicial y despolitizar el poder judicial.